El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha vuelto a fallar a favor de las pretensiones de unos padres que exigían el derecho a que su hijo pudiera estudiar en castellano en la escuela. Y es probable que, una vez más, la consellera de Ensenyament, Irene Rigau, se niegue a cumplir la sentencia en un intolerable gesto de insumisión y desafío a los tribunales de justicia, que son el último recurso de quienes no están dispuestos a soportar tanto abuso de poder y el atropello de sus derechos.

Desde que la Generalitat de Cataluña asumió las competencias en materia educativa, la educación es un objeto de polémica constante y se ha convertido en uno de los instrumentos de adoctrinamiento y control social del Govern. El nacionalismo ha sometido a un constante chantaje a los gobiernos de uno u otro color político para obtener ventaja en el diseño de un modelo educativo diferenciado, que sirviera a su indisimulado intento de adoctrinar a los jóvenes en las tesis independentistas.

La hoja de ruta estaba perfectamente descrita en el documento que sirvió de base para el programa electoral de CiU en 1992 y que albergaba como objetivo principal “controlar a los educadores para que cumplan con la doctrina nacionalista”, así como “reorganizar el cuerpo de inspectores para que vigilen la correcta aplicación de la normativa sobre catalanización de la enseñanza” e incidir en las asociaciones de padres.

Esos propósitos debieron poner sobre aviso y alertar al gobierno de entonces para evitar esas prácticas que hoy, veinte años después, ponen en evidencia la gravedad de sus consecuencias por la constante agresión a la libertad de enseñanza y a los derechos de los alumnos.

La exhibición de banderas estelades y la ausencia de las oficiales en las fachadas, las pancartas reivindicativas con lemas políticos alentando el incumplimiento de las leyes y sentencias, el proselitismo en las aulas de la ideología del régimen independentista se han hecho habituales hasta llegar a la inmoralidad de utilizar a los menores para fines políticos ante cualquier medio de comunicación sin ningún pudor.

Si la hoja de ruta de entonces no alarmó al gobierno, debería hacerlo ahora al trascender un informe de las fuerzas de seguridad que alerta de la infiltración de miembros de la izquierda abertzale entre el profesorado de las ikastolas en Navarra con la finalidad de convertirlas en instrumentos de adoctrinamiento y proselitismo, para justificar y legitimar entre sus alumnos la ideología abertzale que tanto sufrimiento ha provocado al conjunto de los españoles.

El secuestro de la educación con fines políticos ha provocado un profundo deterioro de la calidad educativa hasta convertirla en una de las más caras e ineficaces de la historia y en un instrumento que aprovechan los totalitarismos para reforzar sus rasgos identitarios y conseguir sus fines.

De ahí que sea más necesario que nunca proponer al conjunto de la sociedad española un proyecto educativo que sea útil a toda una generación, alejado de injerencias políticas y sobre la base de un pacto social que decida lo que se debe enseñar a las futuras generaciones en función de lo que les resulte más útil para su futuro.

El objetivo es la formación de verdaderos ciudadanos libres y responsables capaces de participar activamente en la transformación de una sociedad verdaderamente democrática y justa. La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo, siempre que quienes lo hagan, tengan como objetivo el deseo de convertirse en buenos ciudadanos.

(Carina Mejías, El Mundo)