• Enrique López ha logrado que los tribunales reconozcan un porcentaje de clases en español en Cataluña
La familia López en su vivienda de Sant Fost de Campsentelles.

La familia López en su vivienda de Sant Fost de Campsentelles.

Fue uno de los primeros en reclamar el derecho de sus hijos a educarse tanto en castellano como en catalán. Lleva batallando desde hace años en los tribunales ante la negativa de la Administración catalana a acatar lo que ya es sentencia. El pasado viernes, el Tribunal Superior de Justicia, emitió otros cinco autos en los que reconoce que los hijos de los denunciantes tienen derecho a recibir, como mínimo, el 25 por ciento de las clases en castellano. Pero para Enrique López, uno de los denunciantes, no es suficiente.

«Valoramos positivamente el auto, pero no es lo que queremos ni por asoma», explica a este diario López, vecino de Sant Fost de Campsentelles y padre de dos hijos. Para López, el último dictamen del TSJC «son migajas» porque «lo que queremos es cambiar el sistema, no que se haga de forma individualizada» y que sean las familias las que tengan que solicitar, una a una, la educación bilingüe para sus hijos. Ayudado por la entidad Convivencia Cívica Catalana, firme precursora de la abolición del sistema de inmersión lingüística en Cataluña, este padre se plantea recurrir el auto del tribunal catalán. En su decisión mucho tendrá que ver cómo aplique el fallo el director del centro educativo al que acude su hijo -la pequeña de la familia es aún un bebé-.

Precisamente, Pere Salvador, el responsable del IES Alba del Vallès de Sant Fost de Campsentelles, pidió ayer, ante los micrófonos de TV3 que tanto el Parlament como la Generalitat den «instrucción claras» porque el TSJC no sólo obliga a la Conselleria de Enseñanza a hacer efectivos los autos, sino que también da un plazo de un mes a los directores de los centros para que hagan los cambios pertinentes. «Yo no dejo de ser un funcionario público», señaló Salvador. Pero de no reaccionar, se expone a su inhabilitación. Algo que por otro lado, «no me preocupa demasiado». De hecho, tanto Salvador, como los otros cuatro directores obligados a cumplir con el dictamen, fueron convocados ayer por la tarde a una reunión con la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, para establecer una hoja de ruta común de acción.

Rigau, por su parte, siguió avivando el contencioso abierto por los soberanistas y sentenció, en una entrevista a Catalunya Ràdio, que «España ha dejado de ser un Estado plurinacional y plurilingüístico y hemos vuelto a una España nación, y una España nación es una lengua». Para la consejera de Enseñanza, la última decisión judicial conlleva «una situación límite que nos confronta con los principios que hemos constado más sagrados, que la normalización lingüística no afecte al a convivencia».

En este sentido, lo que sí le preocupa a López, y mucho, es que su hijo, que ahora tiene 15 años, «está recibiendo amenazas» a través de las redes sociales. Desde el pasado viernes, las duras advertencias han subido de tono. «Porque es mi último curso, que sino te desfiguraría», dice una de las últimas amenazas. López asegura que su hijo considera que la lucha que lleva su padre es «una causa justa, porque razona y comprende que lo único que pedimos es un derecho». Pero ahora, el chico empieza a tener miedo y detecta, además, que los compañeros que lo insultan no son capaces de razonar y defender con sus propios argumentos la inmersión lingüística. «Le han llamado de todo porque creen que vamos en contra del catalán y no es así, para nada», apunta Enrique y, añade, «lo que está en juego es la libertad». Por ello, este padre que no piensa desfallecer.

La Generalitat aseguró, ayer, que recurrirá los autos el próximo viernes. Por su parte, López se plantea si hacer lo mismo para que se aplique lo que ya han reconocido el Tribunal Constitucional y el Supremo. Además, no descarta reclamar una indemnización por el incumplimiento reiterado del gobierno catalán.

(Ana Domingo Rakosnik, La Razón)