La AEB de Cataluña ha presentado, este jueves, ante el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte una serie de alegaciones al proyecto que desarrolla la posibilidad de que los padres puedan escolarizar a sus hijos en una escuela bilingüe en Cataluña.

La entidad cívica ha señalado que, tal y como está redactado el proyecto, pese a tener una finalidad loable no podrá conseguir sus objetivos el próximo curso, por lo que ha enviado al Ministerio, a través de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, una serie de modificaciones para que la norma pueda cumplir su finalidad.

Así, la AEB de Cataluña ha indicado que, en este proceso de audiencia pública, el Ministerio tenga en cuenta las siguientes alegaciones al Proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla la Disposición Adicional trigésimo octava de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación (LOMCE):

1ª) En lo que hace referencia a la exposición de motivos es especialmente preocupante las referencias a  la inmersión lingüística porque no responde a la realidad jurídica y avala la política lingüística de la Generalitat de Cataluña, claramente inconstitucional. Ni las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) ni del Tribunal Supremo (TS) han ratificado la inmersión lingüística, lo que han convalidado en aquellas comunidades lingüísticas sin libertad de elección es la conjunción lingüística (las lenguas cooficiales como lenguas vehiculares con la proporción que se determine). Lo que ha justificado en el caso catalán, las sentencias del TC es que el catalán pueda ser el centro de gravedad del modelo educativo “de existir” la necesidad de normalización. Necesidad que, en estos momentos, desde luego no se da, tal como también ha tenido ocasión de manifestar el TS. En este sentido, de mantenerse la redacción actual, el decreto sería la primera norma jurídica del Gobierno español que avalaría el término inmersión lingüística, que se introduce por primera vez en una norma jurídica con rango de ley en la Ley de Educación de Cataluña (LEC). De la misma manera, es improcedente la inclusión del concepto de lengua propia referido a las cooficiales distintas al castellano.

2ª) Cambiar unos puntos del articulado del proyecto de la norma. Entre otros, el de reconocer a los “padres, madres o tutores legales” el derecho a la compensación económica, que son los que deberán abonar en primer lugar la cantidad del colegio privado, y no a los alumnos, salvo que estos sean mayores de edad; aunque en cualquier caso, se propone que sea el Ministerio el que efectúe directamente el pago al colegio, una vez reconocido el derecho a los padres. Además, fijar un mínimo del 30% para definir el concepto de “proporción razonable” de asignaturas en castellano; obligar a la Generalitat a que informe a los padres de la oferta educativa en castellano según cada centro y cada zona escolar para que los padres puedan decidir a qué colegio llevar a sus hijos y que esta información también se envíe al Ministerio; y eliminar la prohibición de que se puedan tener varias líneas en un mismo colegio divididos por lengua.

3ª) Añadir dos nuevas disposiciones adicionales. Una, que hace referencia a que sea el Ministerio el que publique, cada año, la lista de colegios privados que se considere que dan una proporción razonable de castellano como lengua vehicular en cada Comunidad Autónoma con lengua cooficial. Y dos, que la autoridad educativa autonómica facilite al Ministerio la información a que hace referencia el artículo 4.3 en el período de preinscripción escolar para que las familias puedan tener un conocimiento de la oferta en la zona educativa de su residencia.