• La ‘consellera’ Rigau aprueba por primera vez una distribución horaria bilingüe

La Generalitat ampara, por primera vez, un reparto equitativo de las horas lectivas en catalán y en castellano en un colegio de Barcelona. Más de cinco años después de iniciar la batalla judicial, los padres de una niña han conseguido que el Govern de Artur Mas cumpla las sentencias que obligan a que las dos lenguas oficiales sean vehiculares en las aulas.

Una resolución del 14 de marzo, firmada por la consellera de Educación, Irene Rigau, admite que la clase de 4º de primaria de la escuela concertada Sagrado Corazón-Hermanos Corazonistas haya adoptado el bilingüismo para adaptarse a las decisiones judiciales.

La Generalitat puso el grito en el cielo después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) fijara en un 25% el porcentaje de castellano que debían ofrecer cinco escuelas catalanas tras reclamaciones similares.

La Generalitat respondió a aquellas sentencias que no iba a modificarse el modelo escolar catalán, en el que reina la inmersión lingüística. Es decir: a pesar de que la Ley de Educación Catalana (LEC) establece un cierto margen de maniobra para cada centro en cuanto a la elaboración de su plan lingüístico, en la práctica el idioma catalán monopoliza todas las clases en la práctica totalidad de los centros.

Sin embargo, el Ejecutivo catalán parece haber cambiado discretamente de opinión. A la vista de la resolución, la Generalitat aprueba que el colegio Sagrado Corazón, en 4º de primaria, aplique un modelo lingüístico en el que se imparten en castellano 9,5 horas de clase semanales, otras 9,5 horas se imparten en catalán, y cuatro más en inglés.

Según la Generalitat, esta distribución horaria «da estricto cumplimiento» tanto a lo que estipulan los fallos surgidos después de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut -que establece que el castellano debe ser también lengua vehicular en las aulas catalanas- como a la LEC. Así que por primera vez, según fuentes conocedoras de la situación, el Govern admite que un modelo en el que las dos lenguas oficiales en Cataluña se encuentran en igualdad de condiciones cabe en la Ley de Educación que se aprobó en 2009.

Es el final de un proceso que comenzó el 2 de febrero de 2009, cuando los padres de la niña, que en ese momento cursaba preescolar, pidieron que se reconociera el derecho de su hija a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, que era el castellano.

Además, solicitaron que cuando estuviera en primaria se reconociera «el derecho de su hija a recibir su enseñanza con normalidad en castellano y catalán de igual manera».

En 2012, el TSJC sentenció que tras la «nueva situación creada» por la sentencia del Tribunal Constitucional, los padres de la niña tenían derecho a que «el castellano se utilice también como lengua vehicular, junto con el catalán».

El Supremo ratificó posteriormente, en diciembre de 2013, esa decisión. Y así, el 10 de marzo de este año, un inspector de Educación emitió un informe que reseña el cambio en la distribución horaria de la escuela.

Según esos datos, se imparten en la clase de la niña en lengua catalana las materias de Conocimiento del Medio Social y Natural, Educación Física (natación), Música y Lengua Catalana. Las materias en castellano son Matemáticas, Religión, parte de Educación Física y Lengua Castellana. Ambos bloques suman 9,5 horas.

«La distribución horaria se adecua a aquello previsto en el proyecto lingüístico del centro. El director del centro consigna los mismos datos del informe de la inspección y especifica que ésta es la concreción curricular de toda la clase, y por lo tanto de la alumna», añade el informe.

La Generalitat se pliega en consecuencia a «dar cumplimiento» a las sentencias que la obligan a introducir el castellano como lengua vehicular en las aulas.

Varias asociaciones que persiguen la igualdad del castellano y el catalán en las escuelas se felicitaron ayer de la decisión. El presidente de la plataforma Impulso Ciudadano, José Domingo, afirmó que «constituye un éxito de los padres que se haya conseguido que Irene Rigau dé su brazo a torcer».

«No tenía otro remedio, porque el incumplimiento de las sentencias podría haber provocado que tuviera que asumir responsabilidades penales», añadió Domingo, que durante una legislatura fue diputado de Ciutadans en el Parlamento catalán.

En opinión de su asociación, sin embargo, este paso de la Generalitat no es suficiente. «Esto es lo que tendría que hacerse con carácter general, para llegar a un modelo de conjunción lingüística, y no de inmersión», aseguró. Un sistema, el que propone, que define como «un régimen en el que estén presentes en igualdad de condiciones tanto el catalán como el castellano».

En términos similares se expresó la presidenta de la incipiente Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña (AEB), Ana Losada. «Lamento que muchos padres tengan todavía que insistir ante la Administración para que se reconozca su derecho a una educación bilingüe. Muchos padres están formalizando esas peticiones a través de la AEB, y es un espaldarazo saber que hay resultados», dijo en referencia al caso del colegio Sagrado Corazón de Barcelona.

Losada pidió también a la Generalitat que «deje de poner obstáculos al modelo bilingüe» y consideró de sentido común que en una sociedad en la que castellano y catalán comparten espacio en la calle lo hagan también en el aula en igualdad de condiciones.

(Daniel G. Sastre, El Mundo)