La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso interpuesto por Impulso Ciudadano, Asociación por la Tolerancia, Galicia Bilingüe y Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña contra el decreto 591/2014 de la Lomce, según han informado los colectivos en un comunicado.

Han explicado que la LOMCE, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, regula el régimen de cooficialidad lingüística en el sistema educativo y prevé que las Comunidades Autónomas puedan implantar sistemas de elección de lengua o de conjunción de ambas lenguas oficiales en la enseñanza.

En el caso que la administración educativa de una comunidad no garantice el derecho a ser escolarizado en castellano, la ley “ha introducido un mecanismo compensatorio para las familias que decidieran acudir a centros privados”.

Para las entidades, lo hace “de una manera alambicada que en la práctica conlleva que el derecho a la escolarización en castellano no se garantice”. Por ello, han interpuesto un recurso que será conocido por el Tribunal Supremo al entender que el procedimiento aprobado “convierte en imposible el derecho que pretende garantizar”.

La demanda se basa en que la norma es “contraria al principio de igualdad”, ya que los alumnos de regiones lingüísticas diferentes de castellano en los territorios con cooficialidad “tienen garantizado su derecho a la educación básica en un centro público y de forma gratuita y el ejercicio de este derecho no se garantiza a los alumnos castellano hablantes”.

Los colectivos también consideran que el decreto “hace que el derecho que se pretende garantizar quede condicionado a requisitos y limitaciones excesivas que dificultan su ejercicio más allá de lo razonable”.

Las entidades pro bilingüismo han señalado que ante la “carencia” de centros educativos sostenidos con fondos públicos que escolaricen también en castellano “los padres tendrán que matricular previamente a sus hijos en centros privados”. Han criticado que también “se exige a los padres que anticipen los gastos de matriculación y escolarización” y para que este dinero les sea reembolsado “han de iniciar un tortuoso procedimiento administrativo”.

(Efe / El Diario)