Ante la situación de acoso que viene sufriendo una familia de Balaguer (Lleida) por solicitar el cumplimiento del auto de 10 de junio el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el que se reconoció el derecho de sus dos hijos, escolarizados en el colegio Gaspar de Portolà, a recibir el 25% de las asignaturas troncales en castellano en el grupo-clase al que pertenecen,  la Asamblea por la Escuela Bilingüe (AEB) informa:

  1.  Que la Asamblea por la Escuela Bilingüe (AEB) presta asistencia a la citada familia y pone en conocimiento de la opinión pública que tras recibir la resolución judicial, la madre de los niños solicitó a la dirección del colegio Gaspar de Portolà información sobre la forma en que dicho centro pensaba dar cumplimiento a la misma. En esa comunicación advirtió a la autoridad educativa, de manera expresa, que el centro tenía obligación de salvaguardar la privacidad de los niños y familia demandante.
  2. Que sorprendentemente y sin avisar a la familia, el director del centro, Samuel Llovet, ha realizado declaraciones a distintos medios de comunicación, dando información suficiente sobre cursos, número de hermanos, para que la familia fuese identificada de manera indirecta.
  3. Que después de la entrevista con el director del centro, el periodista Àlvar Llobet, del diario “Nació Digital”, contactó con la madre demandante por vía telefónica en su propio centro de trabajo, comunicándole que tenían la sentencia con todos sus datos personales. El citado medio digital ha publicado los niveles que los niños iban a cursar, acusando a los padres de “no alegar ningún argumento de peso” para justificar su petición “más allá de su voluntad de aumentar las clases en castellano” de sus hijos.
  4. Que la publicación de todas estas informaciones se ha visto seguida por una cadena de declaraciones de apoyo a la inmersión lingüística por parte del Ayuntamiento, partidos y entidades (CDC, PSC, FAPAC) que han culminado en la convocatoria por parte del AMPA de la escuela Gaspar de Balaguer de una manifestación frente al centro contra la aplicación de la sentencia, celebrada este lunes 7 de septiembre.
  5. Que paralelamente, los Servicios Territoriales de Lleida han contactado con la familia ofreciendo un profesor particular en castellano a cambio de que desistan en la aplicación de la sentencia.

 

La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) denuncia:

  1.  Que ni la familia solicitante ni la AEB de Cataluña han hecho pública la resolución judicial y que, en todo momento, han intentado hacer prevalecer el derecho a la escolarización bilingüe en el ámbito escolar. No se ha hecho uso público ni, mucho menos,  político de las resoluciones judiciales.
  2. Que una vez más, la exigencia del cumplimiento de una resolución judicial por parte de unos padres que pretenden ejercer sus derechos constitucionales se ve seguida por una campaña intolerable e insoportable de acoso que intenta marginar a las familias. En esta campaña, partidista y sectaria, participan y eso es lo más grave, instituciones, autoridades educativas catalanas y, también, parte del personal docente.
  3. Que la presión institucional y política del nacionalismo totalitario sobre ellas nos reafirma en la necesidad de continuar en la lucha por una escuela bilingüe, libre de adoctrinamientos fanáticos y en la mejora del sistema educativo.
  4. Que la AEB dará apoyo a las familias y solicitará ante los Tribunales, tantas veces como sea necesario, el reconocimiento de los derechos lingüísticos de los alumnos catalanes a favor de una escuela bilingüe.
  5.  Que la petición institucional por parte del Gobierno y de formaciones políticas catalanes a los ciudadanos y otros poderes públicos para que renuncien al ejercicio de sus derechos ante los Tribunales y la expresa apelación a la desobediencia judicial son  expresión de la crisis profunda y creciente que padece el Estado de Derecho en Cataluña.
  6. Que denunciamos, como especialmente grave, la política de acoso que están sufriendo las familias que han solicitado amparo ante los Tribunales de Justicia y que ven cuestionados sus legítimos derechos por personas, en gran parte ajenas a la comunidad educativa,
  7. Que es lamentable que quienes acusan cínicamente a las familias de “politizar la educación” convoquen y tengan el respaldo de colectivos de agitación que proclaman que el fin  que les mueve es el de la “independencia”.
  8. Que concentraciones políticas como las celebradas ayer delante del centro educativo Gaspar de Portolà de Balaguer, en las que se apela sin rubor a no cumplir la ley y que pretenden amedrentar mafiosamente a los padres que soliciten la enseñanza bilingüe, son incompatibles con un régimen democrático.
  9. Que reclamamos para Cataluña una verdadera democracia que tome en serio los derechos fundamentales y ponga fin al gran apartheid que excluye del derecho a la educación en su lengua materna a la mayoría de los alumnos de Cataluña.

 

En Barcelona, a 8 de septiembre de dos mil quince.