El pasado 14 de septiembre empezó un nuevo curso escolar. Ese día, de reencuentro y nuevas ilusiones para todos los alumnos, no lo fue para dos niños de Balaguer.

No lo fue porque no pudieron asistir a clase y reencontrarse con sus compañeros. En la puerta del centro les esperaban medios de comunicación, profesores, padres y madres,  miembros del AMPA y de la dirección de la escuela donde estudiaban. Algunos de ellos habían promovido, desencadenado y/o apoyado una inaceptable campaña de hostigamiento contra sus padres por reclamar y obtener de los Tribunales su derecho a una educación bilingüe.

Una campaña planificada, que ha contado con el beneplácito del Ayuntamiento de Balaguer, con el apoyo explícito de la mayoría de las fuerzas políticas que lo conforman, con la colaboración del Departament d’Ensenyament y con el silencio del Síndic de Greuges, a quien gusta autodenominarse “Síndic de les Persones”.

El peaje que ha pagado la familia por el atrevimiento (¡tres horas más de castellano a la semana!) es conocido por todos: los niños ya no cursan sus estudios en Balaguer. Están matriculados en centros educativos de otras localidades. Además, los padres han visto languidecer su negocio debido a un vergonzoso boicot, impulsado en redes sociales y medios de comunicación.

Estamos hoy aquí, padres y madres de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), para recordar que los alumnos tienen derecho a que se respete su identidad, integridad y dignidad personales. Y para recordar también que la sociedad en general (autoridades, periodistas, profesores, padres, alumnos…) tiene el deber correlativo de garantizar que en modo alguno se vulneren esos derechos.

Estamos hoy aquí para reclamar una escuela que tenga como ejes de funcionamiento la convivencia, el respeto a la diversidad cultural, la defensa del principio de no discriminación y una voluntad de inclusión educativa. En Cataluña la defensa de estos principios pasa por una escuela bilingüe que haga compatible  la enseñanza en las lenguas oficiales, el catalán y el castellano.

 

 

 

 

Por estas razones, MANIFESTAMOS:

Que la adecuada educación de nuestros hijos se ve seriamente dañada cuando se les priva de la primera enseñanza en lengua materna, ampliamente reconocida como deseable por los expertos en la materia y, en todo caso, cuando se limitan sus opciones de tener un conocimiento profundo de alguna de las dos lenguas.

Que todos, autoridades, profesores y padres, tenemos la ineludible responsabilidad de garantizar que los centros educativos sean ámbitos en los que los niños se puedan desarrollar en plena libertad, ajenos a cualquier forma de presión o intoxicación ideológica. La fragilidad de los menores nos obliga, además, a ser impecables en la protección de su privacidad e imagen.

Que la política lingüística aplicada por la Administración educativa catalana es contraria a la realidad social y se fundamenta en  una estrategia ideológica discriminadora, lesiva de las identidades y libertades individuales.

Que el señalamiento y acoso al que reclama y obtiene el reconocimiento de sus derechos lingüísticos en la comunidad educativa constituye un comportamiento absolutamente totalitario, inaceptable en cualquier sociedad civilizada.

Por todo ello, los aquí presentes, padres y madres indignados por el acoso al que sistemáticamente se somete en Cataluña a las familias que reclamamos la enseñanza bilingüe, EXIGIMOS:

Que se aplique el modelo de conjunción lingüística, garantizando así el derecho de los alumnos a recibir educación en las lenguas oficiales y, al menos, en una lengua extranjera.

Que se ponga fin a toda iniciativa orientada a la exclusión de la lengua castellana como lengua vehicular y de aprendizaje en el sistema educativo catalán.

Que cesen las políticas de acoso a las familias que reclaman que se respeten sus derechos lingüísticos.

Que se adopten las medidas necesarias para impedir cualquier forma de adoctrinamiento idelógico en los centros educativos.

Que las autoridades públicas cumplan las normas, acaten las resoluciones judiciales y persiguan, en vez de alentar, cualquier forma de presión o acoso sobre ciudadanos que no hacen más que reclamar que se respeten sus derechos.

En Balaguer, a 11 de octubre de 2015.