La AEB solicita la retirada del proyecto de Decreto Lingüístico de la Generalitat por ser una norma inconstitucional y con perfiles totalitarios
La AEB solicita su retirada ante la evidencia de que es claramente inconstitucional y una norma con perfiles totalitarios.
La AEB aportará el proyecto y las alegaciones presentadas a la queja abierta ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, con el objetivo de que sean tenidas en cuenta ante la próxima misión a Cataluña de esta institución.
Las conclusiones y propuestas aportadas se resumen en los siguientes puntos:
1. El proyecto de decreto es notoriamente inconstitucional a la luz de la doctrina jurídica consolidada por el Tribunal Constitucional.
2. Impone de forma rotunda el monolingüismo catalán con exclusión palmaria del castellano y utiliza la lengua como herramienta de exclusión con el objetivo de levantar barreras lingüísticas que dificulten la movilidad de trabajadores y familias.
3. El castellano queda reducido a la condición de lengua extranjera.
4. Control político del monolingüismo catalán en las instituciones docentes, y condicionamiento mental y conductual de los docentes aplicado a todos los resortes del sistema educativo.
5. Extralimitación competencial en las exigencias de competencia lingüística en catalán para el acceso a la función docente.
6. Régimen lingüístico lesivo para los intereses públicos y las libertades ciudadanas.
7. Es un inadmisible ataque a la convivencia , supone la consagración de la exclusión del español, consecuencia de una voluntad hispanófoba que pretende convertir en impropia la lengua materna de la mayoría de los catalanes, la que es oficial, junto con el catalán y el aranés en Cataluña y la que nos une con el conjunto de los españoles y con la comunidad mundial de hispanohablantes.
8. Se niega a los centros educativos la posibilidad de cambiar las condiciones de exclusión del castellano establecidas a lo largo del decreto y se pone fin a la autonomía de los centros; pues los proyectos lingüísticos pasan a ser responsabilidad legal del Departamento de Educación (artículo 21).
9. Se establece que el incumplimiento del proyecto lingüístico será sancionado en el caso de las personas dependientes del centro y tendrá consecuencias contractuales para el personal externo.
10. La comisión del proyecto lingüístico, que fiscalizará la lengua que utilizan los alumnos, las familias, el personal docente y quienes se relacionan con el centro pasará a ser objeto explícito de vigilancia.
11. El Decreto abandona los disimulos jurídicos y hace expreso que la única lengua oficial del sistema educativo es el catalán (artículo 16) . La exclusión del castellano responde a un claro propósito político, la pretensión nacionalista de fabricar una sociedad en la que la única lengua de cohesión sea el catalán (artículo 11).